Expropiación del Molino del Rey, el Restaurante del virtual alcalde de Guadarrama

El 27 de Abril pasado en Antena 3, “nuestra” presidenta Esperanza Aguirre presentó sus listas de candidatos muy conservadores para ellos y ultra liberales para los otros, para toda la comunidad de Madrid, afirmando: "En mis listas hay gente que está imputada, pero por tonterías, no por acusaciones".

Estas palabras deberían hacernos pensar en la comarca al muy bucólico y selecto restaurante de Guadarrama llamado: El Molino del Rey. ¿No conocéis tan prestigioso establecimiento? Quizás sean porque el coste medio de una comida sea de 50,00€ por persona, sin embargo no se ha reparada en gasto a la hora de modelar el salón de 100 comensales, ni la terraza para 60 cubiertos más. La construcción es un molino del medio del Siglo XVIII situado en zona no urbanizable y rehabilitado en el año 2000 por el Concejal de Urbanismo Miguel Rodríguez Bonilla, hoy candidato a la alcaldía por el PP en ese pueblo.
¿Quien concedió la autorización de apertura de esta explotación comercial en zona protegida?
El ayuntamiento PP de Guadarrama encabezado por José Ignacio Fernández Rubio, que ahora es candidato para ser alcalde de Las Rozas.

Dentro del PP se hacen favores a amigos para que se confirmen como caciques de sus pueblos, y se intercambian los puestos entre pueblos para mantenerse con las riendas del poder local. A esto le podemos llamar una “democracia consolidada”, ¿pero para quien?

En el año 2000, la empresa Golden Hipotecaria, administrada por José Ignacio Fernández Rubio Alcalde de Guadarrama, adquirió 3.000 metros cuadrados con un molino de piedra para montar un restaurante. La finca se encuentra en un espacio clasificado como monte preservado y suelo no urbanizable protegido, para el cual el Ayuntamiento siempre denegó cualquier licencia. Pero “inexplicablemente” los dirigentes municipales concedieron una licencia para instalar El Molino del Rey en ese suelo protegido con el único aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos.
Pese a que la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad de Madrid rechazaba la recalificación de los terrenos, los propietarios realizaron obras suplementarias: levantaron una valla de piedra en torno al molino, instalaron un merendero y un aparcamiento para un centenar de coches, todo sin traba por parte del Consistorio. Cuando en 2003, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid reclamó al Ayuntamiento que clausurara El Molino del Rey, el consistorio no actuó en esta dirección.

El juez que instruye el caso, consideró en septiembre 2006 que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y acusó a los dos implicados. La Prevaricación es un delito que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta por una autoridad pública.

En Octubre 2007 los dos imputados el concejal de Urbanismo y propietario de El molino del Rey: Miguel Rodríguez y el alcalde de Guadarrama y entonces portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid: José Ignacio Fernández, lograron la recalificación de los terrenos por parte de la Comunidad. Esperaban con este golpe escapar a la justicia, pero el delito que se juzga es anterior a la recalificación de los terrenos.
Como lo anuncia satisfecha Esperanza Aguirre en 2011, estos dos imputados del PP por un delito contra la ordenación del territorio, se presentan como cabeza de lista en Las Rozas y Guadarrama. José Ignacio Fernández Rubio probable futuro ex-alcalde de Las Rozas, es un político profesional que actualmente es diputado autonómico y vice-consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y Miguel Rodríguez Bonilla es primer teniente de la alcaldesa de Guadarrama y sera seguramente consagrado como el empresario del año cuando gane las elecciones.

1 comentario:

Anónimo dijo...

El Ayuntamiento de Guadarrama parece ser que prevarica siempre que le conviene. Esta presunción me va a hacer presentar denuncia ante el juzgado correspondiente, pues han tomado la decisión de cobrar impuestos indebidos (impuestos en casos de excepciones o exenciones previstos por la ley). La única y abusiva razón parece ser que es la búsqueda de finaciación fraudulenta a costa del sufrido contribuyente: aunque no cerresponda el cobro de un impuesto, si el Ayuntamiento, muy contra la más elemental ética y abusando del poder, resuelve cobrar por vía ejecutiva mediante embargo (es decir, metiendo la mano en la cuenta corriente o patrimonio de un convecino) consigue un dinero ilegal que financia sus negocios contra la voluntad de sus financiadores y contra la ley y la ética.
Es prevaricación "presunta" porque todos (políticos y funcionarios) saben que eso no se puede hacer y, a pesar de todo lo hacen.