El proyecto del gobierno de Esperanza Aguirre sobre Área única y libre elección (de médico, de hospital…), supone un importante paso en el proceso de eliminar la salud como un derecho social básico y privatizar la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.Su objetivo es eliminar el enfoque y las estructuras sanitarias que nacieron en un contexto de avances sociales y democráticos tras la dictadura, e imponer un nuevo modelo sanitario con importante participación privada, basado en la rentabilidad económica y en unas relaciones de mercado (competencia) entre centros, servicios y trabajadores de la sanidad -que el dinero siga al paciente-.
Este proceso se está llevando en contra de la opinión de la mayoría de la población y los profesionales, y a golpe de decreto para eludir el debate con las fuerzas políticas, sindicales, sociales y profesionales sobre el futuro de la sanidad pública en nuestra Comunidad.
La libre elección ya existe desde 1993, si bien sujeta a restricciones geográficas y límites de población por profesional a fin de preservar unos mínimos de racionalidad y calidad de la atención prestada. Ni la creación de un Área única ni la libre elección absoluta son hoy demandas de la ciudadanía o de los trabajadores de la sanidad, y no responden a ninguna necesidad de salud de la población.
Tampoco aportan soluciones a los actuales problemas de la sanidad madrileña, consecuencia de unas políticas presupuestarias deficitarias, agravadas con la llegada al gobierno de la Comunidad de Madrid del sector político que encabeza Esperanza Aguirre. Políticas que han provocado una insuficiencia de infraestructuras y plantillas para atender las necesidades sanitarias de la población, la masificación de servicios y consultas, el incremento de listas de espera inasumibles, y el aumento de la dificultad de acceso a las prestaciones gratuitas sanitarias, colocando a la sanidad madrileña a la cola de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.
La instauración de la competencia entre centros y profesionales, y el ataque a la propiedad pública de los hospitales y centros sanitarios, amenazan con crear un caos sanitario en la Comunidad de graves consecuencias para la salud de la población.La creación de un Área única va a concentrar el poder sanitario en manos de la Consejería de sanidad, situando los centros de decisión lejos de la ciudadanía, impidiendo su intervención colectiva e individual, y cerrando cualquier vía real de participación y control social desde abajo de las políticas sanitarias. Y va a disminuir, aún más, el poder de negociación de los trabajadores al disminuir la representación sindical hasta hacerla totalmente inoperante, aumentando su indefensión. Esta concentración de poder va a favorecer igualmente la arbitrariedad en la gestión.
Este proyecto desecha la planificación sanitaria y el ajuste de los recursos a las necesidades de la población, al despreciarse las variables sociodemográficas y los problemas de salud específicos de cada zona.
Además desmantela la Atención Primaria al disminuir su peso político. Cada centro de salud negociará aisladamente su presupuesto y sus condiciones con la Consejería de sanidad, disminuyendo su capacidad para asegurar su desarrollo y el mantenimiento de las actividades de prevención, promoción y salud comunitaria. La desestructuración de este nivel de atención traerá consigo su subordinación a los intereses hospitalarios -el nuevo eje del sistema sanitario-, volviendo a concepciones superadas por su repercusión sobre el gasto y su ineficacia, y por ser más injustas socialmente.
Introducir la competencia implica eliminar los límites de población por profesional, impulsando las sobrecargas de trabajo y la explotación de los servicios por encima de lo recomendable para mantener unos mínimos de seguridad y calidad. Y fomenta la atención sanitaria en función de la rentabilidad económica, en perjuicio básicamente de los enfermos crónicos y de los ancianos. A su vez, aumenta las desigualdades en salud al depender la financiación de los flujos de población que provoque la elección de los ciudadanos, favoreciendo la concentración de medios en las zonas geográficas más competitivas, en detrimento de aquellas donde se concentra una población más envejecida y pobre, que son las que presentan mayores necesidades de salud.
Las actuales relaciones internas de cooperación y complementariedad de centros y servicios, serán sustituidas por la lucha por el cliente y la financiación, lo que repercutirá en duplicidades, aumento del gasto y pérdida de eficacia. Si la instauración de un Área única facilita la disminución de plantillas y la movilidad geográfica forzosa -además de abrir vías de privatización de nuevas parcelas sanitarias y la externalización del trabajo administrativo-, ligar el modelo retributivo a la libre elección incrementa las diferencias salariales y de cargas de trabajo entre trabajadores, y aumenta sustancialmente el porcentaje del salario relacionado con la población atendida y el cumplimiento de objetivos. Y como entre los objetivos destacan, según el Contrato-programa para 2009, los relacionados con el gasto (disminuir la petición de pruebas, derivaciones a especialistas y hospital, número de personas de baja laboral, etc.), se impulsará la tendencia a la selección negativa de pacientes.
Población y trabajadores de la sanidad son los grandes perdedores de este proyecto. Pérdidas que se verán incrementadas por el aumento de los costes administrativos -fruto de generar la información que facilite la libre elección-, que repercutirán disminuyendo aún más la financiación de las actividades puramente sanitarias y las inversiones en plantillas y equipamientos.El gobierno de Esperanza Aguirre ha dejado clara su intención de eliminar, a cualquier precio, la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Mientras se mantenga en el gobierno, la sanidad pública está condenada a desaparecer.
Llamamos a la población y los trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proyecto de área única y libre elección, como un paso en defensa del derecho a la salud para todos, por una sanidad 100 por cien pública, gratuita en el momento de uso, con financiación y plantillas suficientes, y de calidad. Llamamos a la población a defender la propiedad pública de hospitales y centros sanitarios, y a recuperar la propiedad de lo privatizado. Llamamos a las fuerzas políticas, sindicales, sociales y profesionales, que se han declarado contra este proyecto a crear un frente único para derrotar el mismo. Frente único que, a nuestro juicio, debería constituirse además con la perspectiva de expulsar del gobierno de la Comunidad a Esperanza Aguirre a través de la movilización y abrir el debate social para que los madrileños decidamos qué sanidad queremos.Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad
matsmadrid@mats-madrid.com
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