
La corrupción se expande y los grandes empresarios continúan engordando sus beneficios mientras avanza el cierre de empresas, la concentración de capital, los despidos masivos y la liquidación de todo tipo de derechos sociales y laborales. Quienes se han enriquecido a manos llenas con la explotación salvaje y la especulación han generado una monumental deuda privada que con la complicidad del gobierno PSOE han transformado en deuda pública. Pretenden que la paguemos las trabajadoras, los trabajadores y las clases populares.

-180.000 millones de euros de fondos públicos puestos a disposición de la banca privada en 2010.
-Decenas de miles de millones de euros más irán a sufragar una nueva recapitalización de la banca y la privatización de las Cajas de Ahorros.
-El fraude fiscal del capital asciende, al menos, a 90.000 millones de euros anuales y equivale a una vez y media el gasto sanitario público total. Mientras, los impuestos que pagamos los asalariados sufragan el 85% de los gastos del Estado.
-La deuda militar, producto de la compra del más sofisticado armamento utilizado para masacrar a pueblos como el afgano o el libio a las órdenes de la OTAN, asciende a más de 30.000 millones de euros. Por si fuera poco, Zapatero nos deja de recuerdo el escudo antimisiles y nos coloca en la 1ª trinchera de la OTAN contra los pueblos árabes.
-Seis mil millones de euros salen cada año de las arcas públicas para la financiar a la Iglesia Católica y a todas sus estructuras sociales y educativas, que no han recibido recorte alguno.
Frente a todo ello:

-Casi un millón y medio de familias tienen a todos sus miembros sin trabajo.
-El paro entre la juventud supera al 50%.
-Más de cuatro mil familias son desahuciadas mensualmente.
-Más de la cuarta parte de la población está en situación de pobreza, especialmente la juventud, las mujeres y los emigrantes. El suicidio es ya la 1ª causa de muerte no natural en el Estado, por delante de los accidentes de tráfico.
-Salvajes recortes degradan la educación y la sanidad públicas mandando a miles de trabajadoras y trabajadores al paro. Mientras tanto se privatiza a manos llenas y se financia con presupuesto público a las empresas privadas, además de desgravar fiscalmente a quienes utilizan servicios privados.
El expolio a que nos están sometiendo, y que no ha hecho más que empezar, tiene proporciones dantescas mientras llegan a cuenta gotas los datos los datos del latrocinio: los ingentes repartos de beneficios de las empresas privatizadas, de las jubilaciones millonarias de sus ejecutivos y del robo de dinero público por parte de empresarios y políticos con la complicidad de los gobiernos de turno. El caso de la Casa Real es emblemático. Además de recibir 25 millones de euros anuales pagados por todos nosotros, la monarquía borbónica exhibe una fortuna de 1.800 millones de euros que la sitúa en el sexto lugar entre las mayores de Europa. Es evidente que su origen es producto de los más oscuros negocios amasados en la impunidad con que la ley les ampara. Los millones robados a la hacienda pública por la Infanta Cristina y su marido son sólo la punta del iceberg del pillaje de una Casa Real que detenta la máxima magistratura del Estado por designio del mayor criminal que ha conocido nuestra historia.

La reforma de la Constitución llevada a cabo por el gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y de las derechas nacionalistas, pisoteando cualquier resto de soberanía popular, no deja lugar a dudas. Establece la prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto: las prestaciones por desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación, etc.
En el Estado español la construcción del futuro empieza por el derrocamiento de una monarquía que, además de representar la herencia del franquismo, es la clave de bóveda que sustenta el engranaje de la dominación del capitalismo más corrupto sobre la clase obrera y los pueblos. Es, además, la garantía de la supeditación del Estado español a la estrategia expansionista del imperialismo.

Sólo la articulación de las luchas puede ofrecer una salida diferente a la que nos preparan. El malestar es creciente y la movilización social está tomando las calles, pero hay que seguir avanzando. Es necesario construir una alternativa política. Es preciso que las luchas obreras y las del movimiento popular se unifiquen en torno a un programa común. La propuesta republicana incluye la derogación de la Constitución monárquica y capitalista de 1978, el ejercicio del Derecho de Autodeterminación de los pueblos, la negativa al pago de la deuda, la expropiación de la banca y de los grandes monopolios, la reforma agraria, la exigencia de una cobertura social para todas las personas desempleadas, la construcción de servicios únicos y públicos de sanidad y educación, la igualdad real entre hombre y mujeres, un Estado laico, el fin de la impunidad para los crímenes del fascismo, y la salida de la OTAN.




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