El nuevo presidente del gobierno habla de que su mandato será el de las “grandes reformas”, no para abordar la situación del corto plazo, sino pensando en “lo que necesitará España en los próximos 20 años”. Pues bien, lo que está en juego en esta legislatura son las conquistas sociales y democráticas conseguidas con sangre, sudor y lágrimas por varias generaciones. Si el gobierno anterior defendió sin titubeos los intereses del gran capital, el que preside Rajoy lo es del capital mismo (no en vano el flamante Ministro de Economía, Luis de Guindos, fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal en el momento del estallido financiero), y se propone salvar los grandes negocios y los intereses de las oligarquías aunque sea a costa de hundir a una parte creciente de la población en la miseria y la desesperación, siguiendo la estela de Grecia, Portugal o Irlanda.
Al igual que Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid o Artur Mas en Catalunya, Rajoy se propone ahorrar 16.500 millones de euros recortando drásticamente salarios y empleos en la Administración, degradando brutalmente y privatizando los servicios públicos esenciales, subiendo los impuestos indirectos que más perjudican a los sectores populares (pero regalando nuevas exenciones fiscales y sociales a la patronal), suprimiendo ayudas y subvenciones, subiendo las tarifas eléctricas, operando una recentralización del Estado sin olvidar sus planes reaccionarios en el terreno de la familia y la sexualidad… Es decir, que el gobierno va a imponer a través del Estado un trasvase global de renta sin precedentes entre trabajo y capital y una pérdida brutal de poder adquisitivo de las clases populares y de un sector nada despreciable de las capas medias. Desde luego, no ha habido ni una palabra en el discurso de investidura de Rajoy sobre la persecución del fraude fiscal récord que registra el Estado español o sobre una fiscalidad más redistributiva, medidas que reducirían el déficit público y permitirían financiar mejor las políticas públicas.
Grandes ejes de gobierno
En primer lugar, se plantea aprobar una ley de estabilidad presupuestaria que complemente la reciente reforma constitucional, una reforma que ilegaliza de facto las políticas públicas redistributivas.
El segundo eje será una nueva oleada de fusiones bancarias y de subvenciones a la mafia financiera, algo que según Rajoy permitirá la recuperación del crédito, pero que no hará otra cosa que ahondar las lógicas especulativas y seguir asfixiando a particulares y pequeñas y medianas empresas productivas.
En la Administración pública el PP va a combinar supresión de empleos, recentralización del Estado, privatización de servicios y venta de patrimonio público. Quizás una de las primeras víctimas de la privatización sean las televisiones públicas de ámbito estatal y autonómico.
En materia socio-laboral, el nuevo gobierno pretende reformar el calendario laboral para trabajar más por menos (suprimiendo puentes), suprimir las prejubilaciones (para convertirlas en despidos puros y duros) y convertir el empleo estable que queda en empleo precario. La única receta para reducir el paro será destruir empleo de calidad y universalizar el empleo basura, dinamitando así el modelo de relaciones laborales en torno al cual se reconstruyó el movimiento obrero bajo la dictadura: los convenios colectivos. No hay la menor duda de que Rajoy intentará aprobar una reforma laboral que degrade radicalmente las condiciones contractuales de los y las trabajadoras en los sectores que todavía conservan un grado importante de afiliación sindical, que imponga el despido libre y un nuevo contrato único que universalice la precariedad laboral.
Por otro lado, en consonancia con otras políticas regresivas que se están aplicando en Europa, va a perseguir las bajas laborales, incluso por enfermedad, con métodos represivos.
(contra)Reforma de la sanidad y la educación
La ambigüedad de las declaraciones de Rajoy no puede esconder que las reformas en este ámbito supondrán una privatización y una degradación de los servicios. Lo más probable es que, en lo que a la salud se refiere, Rajoy generalice el saqueo perpetrado por CiU en Catalunya –re-pago, recargos sobre los medicamentos, cierre de centros de asistencia, privatización galopante, venta de patrimonio público, etc...- y que en Educación siga la estela de Esperanza Aguirre: deslavazar la enseñanza pública (destinada exclusivamente a estudiantes de origen popular) para subvencionar masivamente a la privada y concertada, a menudo religiosa y coto reservado de los hijos e hijas de la burguesía y de sus servidores.
Contradicciones del nuevo gobierno PP
En primer lugar hay que decir que la victoria de las derechas no ha reducido la incerteza económica. No se calman los ataques especulativos ni se recupera la “confianza”, que dicen los neoliberales. Por otro lado, cuanto más se recorte el PP, más recortes exigirán los “mercados”. El círculo infernal de la deuda funciona así, lo cual puede ir generando un nivel de frustración y exasperación social creciente, ya que es imposible que se reduzca el paro con estas políticas, sino todo lo contrario. Además, el PP no contará con ninguna medida estrella para legitimar su mandato, como la tuvo Zapatero con la retirada de las tropas de Irak.
Pero lo que más problemas puede crear al PP y lo que erosionará más al gobierno será una resistencia social de masas a la política de choque ultraliberal que se dispone a aplicar, es decir, un segundo aliento del movimiento del 15M unido a un despertar del mundo del trabajo. Sólo una removilización masiva de los sectores populares y de unas capas medias cada vez más depauperadas y precarizadas podrá detener el Tsunami antisocial y antidemocrático que están orquestando en la Moncloa.
Nuestras tareas políticas: organizar la resistencia
La nueva situación abierta tras las autonómicas y municipales y las generales, con un poder de las derechas en casi todos los niveles de la Administración sin precedentes desde la dictadura, generará un estado de ánimo muy negativo entre los sectores populares. Sin embargo, la capacidad de resistencia que ha demostrado el 15M está intacta a pesar del relativo reflujo que se ha conocido en los últimos meses. No es descartable que los nuevos ataques reestimulen las luchas. Sin embargo, el panorama es más sombrío en lo que respecta al sindicalismo mayoritario, todavía embarcado en la política de concertación iniciada con el pacto de las pensiones y la consiguiente traición de los objetivos de la huelga general del 29S, un sindicalismo cuyos aparatos están directamente amenazados en caso de tomar iniciativas de movilización contra el nuevo gobierno.
Aquí las tareas de la izquierda anticapitalista serán intervenir a fondo en los procesos de lucha, coordinación y organización de las resistencias y lanzar campañas políticas centrales en torno a los grandes temas de la situación política, con una atención especial a la cuestión de la deuda pública y su no pago. También habrá que reflexionar sobre nuevas formas de acción capaces de paralizar la producción, más allá de las huelgas generales más tradicionales: cortes de vías, bloqueos, etc… siempre con la perspectiva de luchar por una huelga general desde abajo que desborde las jornadas de acción de un solo día promovidas por el sindicalismo de concertación desde la transición.
Declaración de Izquierda Anticapitalista
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