Condiciona la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo a la opinión y decisión de terceras personas. Genera gran inseguridad jurídica tanto a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo como a las y los profesionales sanitarios que realizan las intervenciones que se ven sometidos a denuncia y persecución por quienes tratan de limitar los derechos de las mujeres.
Dificulta el acceso al aborto, al establecer barreras económicas y sociales ante la ausencia de centros públicos en los que poder abortar y ante la falta de mecanismos ágiles y normalizados de información respecto al aborto.
Sitúa la práctica de la interrupción del embarazo dentro de la red sanitaria pública en el marco de la marginalidad, favoreciendo la objeción de conciencia y la inhibición de muchos profesionales de la red pública, al tiempo que deja indefensos a quienes practican los abortos tanto en la red pública como en la privada, al no establecer garantías y protocolos que los respalden.
Es por tanto una normativa que no respeta la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a la atención a su salud.
Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de legitimidad, seguridad y legalidad, adoptando las Administraciones las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectivas. Por ello,Reclamamos:
Un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.
Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.
El reconocimiento preciso y claro de este derecho, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios en la red sanitaria pública.
La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública de forma que se garantice el carácter universal de este derecho, y se normalice como prestación sanitaria.
Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites, acompañada de una disposición que establezca la imposibilidad de objeción por parte de Instituciones y Administraciones, y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, El respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican los abortos tanto en la red pública como en la red privada.
Que la nueva ley vaya acompañada de políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Asamblea Feminista de Madrid
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