Hace falta ya una banca pública bajo control social

Ante la intervención de Caja Castilla la Mancha por el Banco de España

Llegó la primera quiebra bancaria incamuflable en el Estado español, y con ella la primera inyección de dinero público a una entidad. El hecho de que en este caso se trate de una Caja de Ahorros es especialmente grave ya que demuesta que se había alejado hace tiempo, como muchas otras, de su función original de servicio público. Vía decreto ley urgente se establece que hasta 9.000 millones de euros de dinero público pasan a disposición de las necesidades financieras de la Caja de Castilla la Mancha (CCM). En concepto de aval, insisten, haciendo referencia a que la CCM lo devolverá. Se podría avalar también a las familias que se han quedado en paro y no pueden pagar sus hipotecas, ya que también lo podrían devolver, cuando pase la crisis y encuentren trabajo, como la CCM. Dar un "aval", aunque efectivamente se vaya a devolver, ya es darle un buen regalo a la banca en estos tiempos. Pero ni siquiera podemos esperar que la devolución vaya a ser íntegra; incluso Solbes reconoce que en estas operaciones el Estado cuenta con un porcentaje de "quebranto", es decir, de pérdida. Desde ya se reconoce que parte del dinero se da a fondo perdido.

Se quiere hacer ver que los problemas de la CCM son fruto de una gestión inadecuada, pero parece ya claro que es sólo la punta del iceberg. Una parte importante de sus problemas tiene como causa la fuerte inversión de la CCM en el sector de la construcción, elemento que esta caja tiene en común con otras muchas entidades bancarias. De hecho, hay una realidad que no se conoce bien por el público en la actualidad, y que es importante: a medida que las promotoras e inmobiliarias han ido entrando en crisis y en suspensión de pagos, se han visto obligadas a renegociar sus enormes deudas con la banca. Estas operaciones se han llevado a normalmente a cabo mediante el intercambio de “pisos por deuda”, es decir, que las promotoras han dado muchos de sus activos inmobiliarios a la banca a cambio de reducciones en la deuda (están pagando las deudas con pisos, vamos). Esto traslada un enorme problema al activo de las entidades financieras, que sin embargo todavía no es visible en el momento actual. No es visible en el momento actual debido a que la contabilidad española permite que la banca tenga anotados esos activos en sus balances a un valor irreal (en lugar de su valor de mercado actual, su valor de hace unos años)….pero cuando los bancos quieran (o tengan) que liquidar esos activos y vender esos pisos, sus pérdidas podrían incrementarse aún más, y su deterioro patrimonial podría llevar a más entidades a la quiebra o a la intervención. El gobierno ha dado ayudas enormes a bancos que ya tienen problemas muy grandes (algunos analistas hablan ya de “bancos zombies”), y que no los transfieren al crédito debido a que sus balances están en situación muy delicada. El de CCM no es por tanto un problema puntual de “mala gestión”, como insiste Solbes, sino que es fruto de un modelo putrefacto y depredador, basado en la especulación inmobiliaria, y, como ya se está reconociendo incluso desde la OCDE, no es más que la punta del iceberg. Por otra parte, esa política ha ido acompañada por la escandalosa retribución de los altos directivos de CCM, que se ha duplicado en los últimos tres años, pasando las retribuciones del Consejo de Administración de 1,06 millones de euros, a 1,94 millones entre 2004 y 2007.

Intervenir una Caja es muy costoso en términos de "credibilidad”. Dos entidades, a pesar de las presiones políticas y de que se ofrecía subvención pública para la operación, rechazaron hacerse cargo de la CCM en las últimas semanas, lo que indica que su situación tenía que ser por fuerza peligrosa, con mayor razón cuando han destituido “ipso facto”, en fin de semana, al Consejo de Dirección al completo, un día antes de que la Caja tuviera que publicar sus resultados.

La ausencia de información es inaudita. No es posible acceder a los datos que permitirían evaluar rigurosamente la situación del sistema financiero. Y lo primero que hay que reclamar es el derecho a la información: tenemos derecho a saber en qué situación estamos, en qué situación están nuestros ahorros, y en qué se emplea nuestro dinero.

En definitiva, la crisis, y con ella las socializaciones de pérdidas avanzan a pasos agigantados. Las previsiones de paro, incluso las oficiales, son alarmantes. Algunas instituciones internacionales comienzan a plantear, tímidamente, que puede que esto no sea una "recesión pasajera", sino el "inicio de una depresión". No es un matiz técnico: significa que la crisis va a ser grave (ya lo está siendo) y, sobre todo, que se va a alargar. Las referencias a la crisis de los años 30 ya no son calificadas de alarmistas: ahora se debate, en los círculos "oficiales" si esto va a ser un poco mejor o un poco peor que la Gran Depresión.

Y frente a este panorama, una de las medidas de urgencia que reclamamos desde Izquierda Anticapitalista es la creación de una banca pública bajo control social para ponerla al servicio de otro modelo productivo y de las necesidades sociales y ambientales básicas. No se pueden dar más balones de oxígeno a los pirómanos que nos han llevado al desastre.

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

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