Después de presenciar durante más de cinco años los constantes malabarismos y usos electoralistas que el PSOE ha realizado de esta cuestión, así como los ataques contra los derechos de los mujeres por parte de la derecha más rancia y recalcitrante, todo parece apuntar a que antes de finales de año se aprobará una nueva regulación del aborto. En este sentido, y ante el reciente anuncio de las conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre la nueva ley, las mujeres y hombres de Izquierda Anticapitalista manifestamos: • El mantenimiento de alguna forma del aborto voluntario en el Código Penal, supone no reconocer a las mujeres el derecho a decidir y la continuación de los graves problemas de inseguridad de mujeres y profesionales que originaba la anterior ley. Reivindicamos así la eliminación del artículo 145 del Código Penal y la salida incondicional del aborto del código penal.
• A pesar de que la introducción de una ley de plazos que permita un margen de tiempo dentro del cuál las mujeres pueden abortar de manera libre es un avance respecto a la legislación actual, la idea de tener ciertos plazos más indicaciones no permite a las mujeres que no entran en estos plazos o indicaciones decidir sobre su propio cuerpo. Actualmente, con unas indicaciones para las que no existe plazo, más del 90% de abortos se realizan antes de las 14 semanas, pero precisamente son las mujeres más desfavorecidas las que sobrepasan este plazo sin estar incluidas en las indicaciones de malformación fetal o riesgo físico, las que no han descubierto antes su embarazo o las que, por su falta de recursos o apoyo social y familiar no han podido acceder antes a él. Asimismo, el plazo de 22 semanas para la malformación fetal excluirá muchos casos que se detectan tarde. Todo ello seguirá reproduciendo la desigualdad entre mujeres con más o menos recursos, desembocará de nuevo en la clandestinidad y el intento de aborto autoprovocado y conllevará la vuelta de los viajes al extranjero para abortar. Exigimos un aborto libre y sin limitaciones al que todas las mujeres puedan acceder por igual.
• Un plazo de 14 o 16 semanas para el aborto por decisión de la mujer no tiene más razón de ser que no irritar excesivamente a los sectores conservadores y buscar un punto “intermedio” entre los derechos de las mujeres y la extrema derecha voceada por la jerarquía católica. De manera similar al argumento de la necesidad de la “paz social” que la liberal-democracia viene ofreciendo en los últimos meses para evitar defender los derechos de la clase trabajadora, la razón argüida tras una propuesta tan limitada, alinearnos con los países de nuestro entorno, se convierte en realidad en alinear al Estado español con los países que tienen plazos inferiores. Demandamos una ley que se preocupe del derecho de las mujeres de manera genuina y rechazamos los usos electoralistas del cuerpo de las mujeres.
• Las indicaciones vuelven a dejar en manos de profesionales la decisión de si una malformación fetal o un riesgo para la mujer son motivo, o no, para interrumpir el embarazo. Lo mismo ocurriría con un posible supuesto socioeconómico. Teniendo en cuenta que son las mujeres las que asumen los riesgos para su salud o soportan los padecimientos añadidos a la crianza, no tiene sentido que sean l@s profesionales quienes impongan sus criterios a la mujer embarazada. Rechazamos el control social que se deriva de la hiperinstitucionalización del cuerpo de las mujeres.• A pesar de que saludamos positivamente que las jóvenes de 16 años puedan decidir sobre su embarazo, el listón de los 16 años contrasta con la responsabilidad que les reconoce en el ámbito penal desde los 14. También insistimos en que es poco razonable considerar a las jóvenes capaces de asumir las difíciles decisiones que conlleva el ejercicio de la maternidad, pero incapaces de decidir sobre su propio embarazo.
• La Sanidad Pública debe garantizar el acceso al aborto para todas las mujeres en condiciones similares a las demás prestaciones sanitarias, cuya privatización rechazamos contundentemente. Queda por ver, no obstante, que una vez aprobada la ley, el gobierno destine los recursos necesarios para garantizar la cobertura pública de la interrupción voluntaria del embarazo. Como la trayectoria del gobierno de Zapatero ha demostrado en otras políticas de carácter social como la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad, una ley puede quedar en “papel mojado” si no se garantiza, tanto en forma de recursos como de voluntad política, su implementación. ¡La igualdad formal no nos basta! Para facilitar dicho proceso, consideramos que la experiencia de l@s profesionales que han realizado durante estos años la inmensa mayoría de los abortos debe ser incorporada a la sanidad pública y a la formación de futur@s profesionales● Mostramos nuestra satisfacción porque las Conclusiones recojan la regulación de la objeción de conciencia, la formación de profesionales, la educación sexual y afectiva y el acceso a la anticoncepción.
● Exigimos los recursos necesarios para el desarrollo efectivo de la educación afectiva, sexual y reproductiva, y para el acceso inmediato y gratuito a la anticoncepción, incluida la postcoital.
Mientras que en la sociedad actual los hombres y las mujeres supuestamente pueden disponer de su cuerpo y tener garantizado el derecho a su integridad física, estos derechos raramente son válidos para las mujeres en lo que se refiere a su capacidad reproductora. Hoy, como hace tres décadas, tenemos que seguir gritando: “¡Mi cuerpo es mío!” Izquierda Anticapitalista se une a la llamada que diversas organizaciones feministas están realizando a una movilización amplia de los movimientos sociales y las organizaciones políticas para transformar la propuesta del PSOE y seguir luchando por una Ley del Aborto que garantice, de manera genuina, el derecho a decidir.
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