
La reciente Ley de Libre Elección y Área Única viene a completar las medidas desarrolladas desde las transferencias para privatizar la sanidad pública madrileña.
De todos los servicios públicos la sanidad es el más importante por costes, suponiendo alrededor del 35% del presupuesto total con que cuentan las CCAA. Y este montante de fondos públicos –más de 7.000 millones de € - es lo que los representantes sanitarios de la CM ofrecen para hacer negocio a las corporaciones transnacionales del sector.
Pero la privatización de un servicio público como la sanidad no se puede realizar vendiéndolo de la noche a la mañana, tanto por la contestación social que supondría, como porque nadie lo compraría tal cual. Es decir si no se fragmenta para optar a los sectores más rentables. Primero se diferencia la autoridad, del financiador, del que presta el servicio. Luego se da autonomía de gestión. Se sigue con externalizaciones y conciertos, para terminar pagando elevadas sumas por un canon que hipotecará a las administraciones sanitarias por décadas, al dejar que inviertan bancos y constructoras en los hospitales.
La estrategia seguida por los gobiernos conservadores fue facilitada por las leyes estatales del PSOE que habían abierto la gestión de los centros sanitarios a la gestión privada (Ley 15/97). Posteriormente el PP impuso la Concesión de Obra Pública y Concesión Administrativa para la construcción de los nuevos hospitales, entregando a las constructoras y bancos que los habían edificado y financiado su posterior gestión. En el caso de la concesión de obra pública sólo de la parte llamada “no sanitaria”, y en el caso de la concesión administrativa de todo el hospital.
Junto a estos cambios legislativos había que demostrar que la sanidad pública no funcionaba, y… lo están consiguiendo a través de unos presupuestos públicos cada año más restrictivos. Lo que ha generado unas infraestructuras escasas y mal dotadas, insuficientes plantillas y trabajador@s sanitari@s quemados, listas de espera inasumibles tanto para una intervención quirúrgica, como para una prueba, o incluso para la atención sanitaria del médic@ de familia (MF) o pediatra.
De esta forma tenemos que la CCAA más rica dedica a la sanidad el menor gasto en porcentaje del PIB: 3,5% CM; 5,05% media de CCAA en 2005, o medido en gasto per cápita 1.108 CM; 1.344 media de CCAA en 2010. Y por la misma razón es la que tiene menos camas públicas 1,9 camas por 1.000 habitantes. Y todo esto a pesar de la apertura de 8 hospitales. También sus MF soportan de media mayores cargas de población en los cupos que tienen asignados.
La antigua Área necesita más camas como se necesitan en el resto de la CM, pues la media de camas públicas por 1.000 habitantes es de 1,35 luego, por debajo de la media de la propia comunidad. Si bien esto es un hecho constatable, no es menos cierto que el lugar elegido para un nuevo hospital en Villalba no es el adecuado, ya que supone un atentado medio ambiental al tratarse de una zona de especial protección.
¿Qué supone para la población esto? Mayor dificultad en el acceso, peor calidad en la asistencia, y un incremento de la morbi-mortalidad.
El Estado de Bienestar y con él los servicios públicos se consiguieron implantar por las luchas de l@s trabajador@s a mediados del siglo pasado. Las agresiones del neoliberalismo desde la década de los ochenta los fueron privatizando. Y en la actualidad con la crisis sistémica que estamos sufriendo se quieren desmontar.
Si la ciudadanía no tomamos conciencia de que solo la información, la organización y la movilización podrían frenar la apabullante serie de agresiones que estamos sufriendo, será muy difícil, sino imposible, la supervivencia de los servicios públicos – enseñanza, sanidad, pensiones, etc. - como los hemos conocido hasta ahora.
Carmen San José - Médica de Familia - Militante Izquierda Anticapitalista Sierra
La destrucción de este espacio natural protegido, ha empezado despiadadamente. Han talado decenas de chopos, en la zona más alejada de la carretera, y han marcado la gran mayoría de los restantes (con un punto verde), para ser talados. Podemos impedirlo.
Toca ahora a la población de movilizarse para intentar parar esta actuación ilegal de los hombres del Churrero. Desde Salvemos la Sierra se lanza un llamamiento que nos invita a todos acudir el martes 15 de diciembre a las 17H30 a la Chopera para protestar y impedir que se atropelle impunemente nuestro entorno y la ley.
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