Ni son cosas diferentes, ni hay nada que negociar. La contrarreforma de las pensiones, la moderación salarial y la reforma del mercado laboral forman parte de una misma política. El gobierno está cediendo ante las exigencias de bancos, aseguradoras y multinacionales. Los causantes de la crisis quieren que la clase trabajadora siga pagando sus consecuencias. La alarma sobre la inviabilidad del régimen de pensiones es una operación de intoxicación de la opinión pública. Hay superávit de la Seguridad Social, el aumento de la productividad compensa la mayor longevidad de la población, la curva demográfica tiende a equilibrarse... Y nada impide que los presupuestos generales del Estado contribuyan al pago de las pensiones. El problema es otro. Zapatero, siguiendo la estela de los gobiernos liberales europeos, inyectó sumas ingentes de dinero público para evitar la quiebra de los bancos, víctimas de su propia codicia especulativa. Este dinero ha servido para seguir especulando e incluso para comprar títulos de deuda pública que ha emitido el gobierno para financiar aquellos rescates. Ahora, el Estado está endeudado y esos mismos especuladores exigen que se recorte el gasto social y presionan para que se les abran nuevos nichos de negocio, como los planes privados de pensiones.
Empieza un nuevo ataque de fondo contra nuestras condiciones de vida, terriblemente maltrechas por la explosión del paro. Grecia anuncia los tiempos que se avecinan. Esto no se detiene con amables conversaciones. El acuerdo de contención salarial firmado con la CEOE es irresponsable: sólo el mundo del trabajo adopta compromisos, mientras que las empresas tienen toda laxitud para descolgarse. La reforma laboral se avista como un nuevo recorte de derechos, abaratando el despido, redistribuyendo el desempleo más que el trabajo (con el "modelo alemán") y otorgando nuevas prerrogativas a las ETT. Es hora de detener esta ofensiva. Eso sólo es posible con un potente movimiento social, con una huelga general que fuerce la retirada de las contrarreformas del gobierno y que plantee un plan de medidas de urgencia social y ecológica frente la crisis. Si la huelga general "no está en la agenda de los sindicatos", hace falta que entre todas y todos la inscribamos. El giro que ha tomado el "gobierno amigo" del PSOE es la mejor manera de propulsar al PP hasta la Moncloa. Sólo la movilización ciudadana puede abrir una salida positiva. Desde Izquierda Anticapitalista proponemos las siguientes medidas urgentes:
-Defensa del sistema público de pensiones. Instaurar una tributación progresiva y acabar con el fraude fiscal, estimado en 80.000 millones de euros. Más de lo que haría falta para pasar de inmediato a la jubilación a los 60 años, liberando puestos de trabajo.
-Semana laboral de 35 h sin pérdida de salario. Salario social de 1.200 euros. Prolongar la cobertura del desempleo indefinidamente. Suspender los desahucios.
-Defensa de los servicios públicos contra las privatizaciones y la austeridad presupuestaria. Que los recortes se apliquen a las dietas ostentosas (empezando por la Casa Real) y al gasto militar (¡sigue aumentando el contingente español en Afganistán!).
-Prohibición de los despidos en las empresas que registren ganancias. Cambio de modelo productivo, preparando la reconversión de amplios sectores (automoción, construcción...) hacia actividades socialmente útiles y medioambientalmente sostenibles.
-Nacionalización de la banca, bajo control social, para constituir un servicio público de crédito y ahorro que permita pilotar esa transformación. -Nacionalización de los sectores estratégicos de la energía y las comunicaciones.
¡ HACE FALTA YA UNA HUELGA GENERAL!
Ante las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT contra el aumento de la edad de jubilación, Comunicado de Izquierda Anticapitalista
ma Crisis
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