Los conflictos armados del Caúcaso en este verano son una prueba de que las turbulencias económicas internacionales están añadiendo tensión a la competencia interimperialista por el control de los principales recursos energéticos y de las zonas geopolíticamente decisivas para acceder a ellos. Las legítimas aspiraciones de los pueblos de disponer libremente de sí mismos han vuelto a ser, como en los Balcanes durante los años noventa, un juguete en manos de las grandes potencias y moneda de cambio de la realpolitik imperial. El choque entre la ampliación de la OTAN hacia el Este –bajo la batuta norteamericana- y un renovado chovinismo gran ruso no auguran nada bueno para la paz y la autodeterminación de los pueblos de la región. La guerra de conquista que la OTAN está librando en Afganistán no deja duda alguna de la naturaleza colonial de los objetivos de los vencedores de la guerra fría: un reparto violento del botín. Pero los crímenes cometidos en Chechenia también deben disipar cualquier ilusión sobre los objetivos de la invasión rusa de Georgia.
El goteo de muertos que va a provocar la multiplicación de conflictos neocoloniales entre las tropas de ocupación serán un problema cada vez más difícil de legitimar ante la opinión pública: los soldados franceses muertos en Afganistán el mes pasado son un nuevo problema político para Sarkozy y un estímulo para el relanzamiento del movimiento anteguerra.
Si ya todos los indicadores económicos internacionales están confirmando que estamos al principio de una larga crisis –algunos auguran que será la peor desde la Gran Depresión de los años treinta–, ésta parece ser todavía más aguda en el Estado español. El gran motor económico de la construcción y la especulación inmobiliaria ha quebrado definitivamente y ha empezado a arrastrar a otros sectores, en especial muchos comercios, servicios e industrias –en particular la automovilística–. Si a esto le añadimos la presión inflacionista en los productos de primera necesidad y las reiteradas subidas del precio del dinero en la zona Euro, entenderemos que la situación económica de centenares de miles, cuando no de millones, de familias es ya dramática.
Estos tiempos de vacas flacas debilitan también las arcas del Estado y aumentan el déficit de las administraciones para hacer frente a crecientes necesidades de protección social que provoca la extensión galopante del paro. Aquí la respuesta del gobierno de Zapatero ha consistido en aligerar la fiscalidad para los más ricos –con la supresión del impuesto de sucesiones-, privatizar la gestión de grandes infraestructuras aeroportuarias, impulsar la construcción de obras públicas –tan insostenibles como inútiles– para alimentar al monstruo capitalista del cemento y en bloquear las negociaciones para un acuerdo justo de financiación de Catalunya (donde la Generalitat acumula unos déficits enormes y existe una desinversión crónica en servicios públicos vitales como la RENFE, por ejemplo).
Es decir que, en lugar de aprovechar la crisis para romper con los dogmas neoliberales y hacer una política social y económica que dé prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población, va a profundizar las medidas fiscales regresivas, las privatizaciones y los regalos fiscales a la alta burguesía. El dramático accidente aéreo de Barajas del mes pasado, al igual que el apagón de hace una año en Barcelona o el caos de las cercanías de RENFE en Catalunya, da un botón de muestra de lo que sucede cuando servicios públicos son privatizados para mayor beneficio de accionistas y especuladores. En Barajas sus beneficios valieron más que nuestras vidas. La presión por el máximo lucro, por la competencia de todos contra todos, se traduce en una relajación de las medidas de seguridad, en una precarización del mantenimiento, en reducciones de plantillas y en jornadas más largas de trabajo de empleados, técnicos y pilotos. He aquí las causas de muchas catástrofes… como las que sin duda llegarán con la privatización de ferrocarriles, aeropuertos y demás servicios públicos de primer orden.
La situación política en el conjunto de la Unión Europea no es menos negativa. La reacción ante la crisis consiste en culpabilizar de ella a sus víctimas. La propuesta de aumentar la jornada laboral a 65 horas semanales y la directiva de la verguenza contra los derechos de los y las trabajadoras inmigrantes constituyen un ataque en toda la regla contra los pocos derechos sociales y democráticos que todavía no han destruido treinta años de políticas neoliberales. En este contexto, hay que trabajar por organizar la desesperación de la gente, canalizarla hacia un movimiento de masas organizado, con objetivos realistas. No hay duda de que las contradicciones y el malestar social se van a agudizar durante los próximos meses: puede haber conatos de rebelión popular ante medidas concretas que hagan cundir la indignación. Es tarea de la izquierda anticapitalista evitar que sea el racismo, el populismo y la nueva extrema derecha quien capitalice esta nueva situación. Es fundamental construir una izquierda de combate que esté a la altura de los retos que nos impone una situación política cada vez más explosiva, ya que sin una propuesta política en positivo, sin alternativa política creíble, las luchas que estallarán en los próximos meses –en defensa del empleo, contra la carestía de la vida y la especulación, etc. – tendrán un desenlace más que incierto si no consiguen una traducción política. He aquí la tarea central de Espacio Alternativo en el próximo periodo.
Declaración de Espacio Alternativo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario