Las prestaciones sociales del Gobierno, ¿Como se deciden?

En materia de prestación social de ayuda a los sectores los más desfavorecidos y necesitados, el gobierno "socialista" Zapatero tiene en mente tres esquemas que motivan y estructuran su toma de decisión:

-Por una parte, para que no le tachen de inmovilista, esta presionado a tomar decisiones que van en el sentido de apoyar los sectores más perjudicados por el contexto económico y social del momento. Esta es la responsabilidad social de su gestión.

-Por otra parte, su naturaleza gestionaría mucha más marcada que sus pretensiones reformista como partido progresista, le conducen a nunca perder de vista el rigor contable y economicista liberal que exige su toma de decisión. Esta es la responsabilidad económica de su gestión.

-Detrás de estas dos motivaciones de fachada que contribuyen a conservar unas apariencias de coherencias entre posición política y imagen política, podemos en realidad descubrir otra motivación mucho menos éticas y progresistas, se trata de tomar medidas - con-medidas - para contener las movilizaciones sociales de carácter contestatarias. Esta preocupación es la "responsabilidad" para la gobernabilidad de su gestión.

Hace falta entender estos tres criterios de motivación para leer las medidas, sus ajustados criterios y las formas en las que se promocionaron a lo largo de estos últimos años de gestión "socialista" de la Moncloa.

En el caso del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, los 420 Euros para los parados con prestación agotada que se promulgó el 13 de Agosto 2009, podríamos hablar de una medida de división preventiva de los parados.

Nueva prestación de 420 euros a desempleados que hayan agotado el paro



La responsabilidad social del gobierno estaba esperada por la población, sin olvidar que una parte de su electorado popular querría ver como iba realizar un gesto concreto en dirección de las familias afectadas por la crisis cuando había sido tan generoso con los Bancos a lo largo de los últimos meses. Naturalmente para el Gobierno no se trataba de tomar decisiones "irresponsable" que no seria "entendida" por los agentes económicos. De tal forma que decidió proponer una prestación con mucho efecto de anuncio que consistiera en ayudar sola una parte de los trabajadores que se encontraran sin ningún ingreso, tratar a la totalidad de las familias en esta situación seria un despropósito que las arcas del estado y el esfuerzo colectivo no podría soportar. No así con los bancos donde a todos se le propusieron de una o otra forma consecuentes ayudas.

Este matiz permite entender la letra pequeña del Real Decreto Ley que detalla el programa de la prestación: Para las personas des-empleadas menores de 65 años o 52 años según los criterios que, a partir del primero de agosto 2009 reunan los requisitos, que han extinguido por agotamiento la prestación por desempleo de nivel contributivo y que estén inscritas como demandantes de empleo, la prestación por desempleo extraordinaria será incompatible con los salarios sociales, rentas mínimas o ayudas de asistencia social, la duración máxima de la prestación por desempleo extraordinaria será de 180 días, el Gobierno podrá prorrogar el programa, si la tasa de paro sigue superando el 17%;
Como podemos descubrir tanto por la fecha de agotamiento, como la edad, la inscripción en registro y la percepción de otra ayuda social, el gobierno reduce y selecciona la población beneficiária. Demagogicamente pero acertadamente el Partido Popular insiste sobre el hecho que la arbitrariedad de la fecha del primero de agosto deja fuera a más de millón y medios de parados en el país. Naturalmente conviene añadir que paralelamente a esta critica de izquierda también compartida con parte de las representaciones sindicales, los Populares insisten sobre el efecto contra producente de la medida invalidando de por completo la coherencia su primera observación.

Podemos observar que esta medida si no aporta un ayuda concreta a todos los parados sin recursos más de 1.5 millones en Julio 2009 tiene la ventaja de dividir a un colectivo entre los que recibirán el subsidio y los que no. Recordemos que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, previó que alrededor 300.000 personas beneficiarían de este apoyo. Esto es lo que se llama una medida calibrada -si el tiro no le sale por la culata - porque a los parados de larga duración los más castigados en definitiva no les toca nada con este dispositivo. Además no olvidemos que las personas que participan en cursos de formación como serón los beneficiarios de la prestación, automáticamente desaparecen de las listas oficiales del paro, lo que conducirá a reducir artificiosamente la tasa de paro.

A titulo de ilustración podemos recordar que la renta básica de emancipación que a finales de 2007 se proponía con una ayuda mensual de 210 Euros para el alquiler de una parte de lo menos de 30 años con ingresos regulares y la posibilidad de contribuir en la fianza, fue una medida que bajos las apariencias de progresistas se quedo limitada en los beneficiarios, pero sobre todo acertada para desmovilizar los colectivos que se fortalecían y se radicalizaban en su exigencias de un mucho mas ambicioso y socialista Alquiler Social Universal.
En el caso de la ayuda por nacimiento o adopción de hijo, popularizado como cheque bebe, que hay que recordar se promulgo en Noviembre 2007 cuando la coyuntura económica no era exactamente la misma que la actual, también hemos tenido la justificada critica acerca de la fecha retroactiva arbitraria elegida por el gobierno que fue el primero de julio 2007. Y nuevamente en aquellas circunstancias las autoridades no se olvidaron de limitar y dividir entre grupos elegidos (la mayoría) y excluidos (sin papeles y nacimiento por circunstancias fuera del país).

Con este patrón para adoptar medidas de carácter redistributivo podemos esperar mucho tiempo para colmar el retraso que nos separa de la media europea en la materia, a no ser que se cuente que la media comunitaria baje gracias a los incesantes ataques sobre las conquistas del estado de bien estar en los países más avanzados del continente.

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