Transparency International (TI)- según su propia definición -es una organización internacional, no gubernamental, no partidista, y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. Desde su fundación en 1993, TI ha sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global. El desafío de mantener el tema de la corrupción como un tema prioritario en la conciencia global es uno de los elementos principales de la misión continua de TI. Se recogen aquí extractos de su informe del año 2008 para el estado español.(...) La corrupción urbanística produce muy diversos efectos en tres niveles, en el nivel social, en el económico y en el político y todos ellos afectan a la calidad de la democracia. Veamos cómo operan estos efectos.
3.1. En el nivel social:
A) La ruptura del pacto intergeneracional.
Una de las consecuencias que la corrupción urbanística está generando es el deterioro de medioambiente. Otra consecuencia es el sobreprecio de la vivienda. Ambos efectos expresan un ruptura del pacto intergeneracional. En España se ha generado una ideología en la que parece aceptarse la idea de fondo de que cuanto más se construya, cuanto más se urbanice mejor. ¿Pero mejor para quién? Obviamente no para las generaciones futuras que se encontrarán una pérdida de bienestar y calidad de vida con respecto a la generación presente moralmente inaceptable.
B) Nuevos modelos de ciudad, dinero fácil, anomia social.
El Informe sobre corrupción urbanística de la Fundación Alternativas de 2007 nos muestra la relación existente entre la corrupción urbanística y la apuesta por un urbanismo desarrollista, altamente especulativo, insuficientemente planificado y escasamente participativo, orientado a la creación de ciudades difusas. Esta opción supone un claro atentado al modelo de sostenibilidad urbana, el modelo de ciudad compacta, proclamado en la Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano de la UE en el borrador de la estrategia española en este ámbito. Actualmente en España existe una vivienda por cada dos habitantes (sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país -tanta como en Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto-). Este aumento y exceso del producto no ha abaratado su precio, sino todo lo contrario, los precios de los pisos han subido un 150% en siete años aunque ahora parece que está finalizando tal incremento. Se ha conseguido así, una menor accesibilidad a la vivienda, con unos sobreprecios inflados por un boom inmobiliario y por una demanda mayoritaria de viviendas como activos financieros y no como valores de uso, a lo que se acompañan situaciones de menor calidad y, en muchos casos, peores condiciones de comunicación y servicios públicos.
Las decisiones tomadas supuestamente para el beneficio publico están en realidad motivadas por un deseo de obtener ingresos privados y resultan en políticas y proyectos que empobrecen antes que enriquecen al país, que se toman en una posición de monopolio y sin mecanismos que permitan exigir responsabilidad por lo realizado. De esta manera, la anomia se instala en nuestra sociedad.
Las normas y principios que rigen las relaciones interpersonales e institucionales de los miembros de una sociedad no son aplicados en los procesos de interacción, por una idea de que ‘si nadie los cumple, por qué yo los voy a cumplir’.
El panorama no puede presentarse como más desalentador: la corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social. La desconfianza generalizada hacia los demás es en España de más del 60% y solo un 30% de los españoles confía en los demás. Por ello, entre otras razones, España es de entre los países desarrollados es el que tiene un menor nivel de participación política convencional y uno de los que tienen un menor nivel de participación política no convencional. Datos que aparecen refrendados por el Barómetro CIS 2672 (Enero 2007): el 65% de los encuestado afirmaron que, normalmente o casi siempre, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente, la política aparece como nada o poco importante para el 77% de los encuestados, el 70% esta d acuerdo con la afirmación de que ‘los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente com yo’, y más del 75% nunca ha pertenecido a ningún grupo o asociaciones voluntaria.
3.2. Económicos: Crecimiento sin desarrollo
La construcción aparejada al modelo urbanístico actual se ha erigido en los últimos años como uno de los principales motores de la economía española y, aunque las cifras sobre el peso de este sector en el conjunto de las actividades económicas de nuestro país son espectaculares, tanto desde e punto de vista del crecimiento como de generación de empleo (en la última década la construcción ha sido la causante del 24,4% del crecimiento económico y del 40,9% del incremento del empleo), claramente no ha dado lugar a desarrollo en sentido estricto y, además, ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente, el respeto a la ley y la igualdad como ya hemos apuntado anteriormente. Se considera que la preponderancia de la construcción en la economía española ha dado lugar a un patrón de crecimiento muy particular, que detrae muchos recursos de otros sectores productivos a uno que no es productivo.
La corrupción genera, además, una distorsión en la asignación y composición del gasto público, pues aleja el gasto público de los necesarios gastos de operación y mantenimiento de equipo, dirigiéndolo hacia gasto en nuevo equipo. Nuestros ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en numerosos casos el suelo se ‘malvende’ o el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentado sus gastos, por lo que necesitan sacar mas suelo o a la venta o a recalificación, en un imparable circulo vicioso. De acuerdo al BBVA, “enfrentando ingresos y gastos municipales ligados al sector inmobiliario, resulta que este sector está aportando un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales”
3.3. Políticos: Déficit de institucionalidad.
La deslegitimación de las instituciones se presenta como uno de los efectos políticos mas graves de la corrupción. La corrupción socava las bases institucionales. Al dejar de garantizar la reglas del juego, las instituciones pierden su credibilidad y se deslegitiman.(...)
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