Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y desencadenó la crisis financiera, la deuda se ha convertido en nuestra mayor pesadilla y en la excusa perfecta para que los poderes financieros impongan las reformas ultraliberales que venían buscando desde hace tiempo para garantizar una mayor tasa de transferencia de capital de las rentas medias y bajas a las altas.
Al igual que ocurre desde la década de los 80 con los pueblos de América Latina, África o Asia, la deuda se ha convertido en el principal arma de dominación masiva de los poderes financieros para subyugar también a las democracias europeas. Desde la firma del Tratado de Maastricht para la adopción del Euro, los tratados firmados por nuestros gobernantes, como el Pacto del Euro o el Pacto de Estabilidad Financiera otorgan cada vez más competencias monetarias, fiscales y presupuestarias a organismos no electos por la ciudadanía como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo lo que supone una usurpación directa de soberanía. El caso más flagrante de injerencia de estos organismos en nuestra soberanía se produjo el año pasado con la vergonzosa reforma de la constitución para priorizar el pago de la deuda por encima de los derechos de las personas, sin la más mínima consulta social. Por si fuera poco, ya se está preparando un nuevo golpe a nuestra precaria democracia, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que nos someterá a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y sus tristemente famosos Planes de Ajuste Estructural que arrasaron las economías de los países empobrecidos durante décadas. Este robo de soberanía popular ha dejado claro que la democracia es incompatible con el capitalismo.
Es por este motivo que decimos que la deuda es ilegítima, porque al igual que en los Estados de la periferia, ha sido inducida por los poderes financieros para someter a las poblaciones a sus intereses privados. Pero además, la mayor parte de la deuda del Estado español se ha contraído para beneficiar a una élite minoritaria y en perjuicio de la mayoría. El más claro exponente lo tenemos en el salvamento de la banca, que ya ha supuesto más de 215.000 millones de euros para las arcas públicas, a lo que habrá que sumar los 100.000 millones del fondo de rescate que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y del cual el Estado es el último garante. De esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar todo/as, pero de la cual no nos hemos beneficiado, sino más bien al contrario, pues el pago de esta deuda supone una enorme detracción de recursos necesarios para garantizar derechos básicos como la sanidad, la educación, las pensiones o un salario digno.
Por eso, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda hemos iniciado un proceso de auditoría ciudadana que demuestre su ilegitimidad, para repudiar pago y exigir responsabilidades civiles y penales a aquellos que las generaron. Hacemos un llamamiento a toda la población a sumarse a este proceso y a salir a la calle en esta semana de la deuda, y especialmente el día 13 de octubre, día de acción global contra la deuda, para defender nuestra soberanía y decir alto y claro ¡NO DEBEMOS! ¡NO PAGAMOS!
Las actividades preparadas para esa semana en los distintas territorios pueden consultarse en la web:
Semana de acción global contra la deuda y las IFIs La deuda es ilegítima porque atenta contra la democracia
¡NO DEBEMOS! ¡NO PAGAMOS!
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