Zapatero ha convocado elecciones anticipadas el día 20 de noviembre. Más allá del simbolismo de la fecha, la decisión está motivada por la presión combinada de las grandes empresas y bancos españoles, del PP y de su propio partido, temeroso de llegar a marzo con un Rubalcaba totalmente desgastado. El panorama para el PSOE es sombrío, a pesar de las contorsiones de un candidato obligado a “girar a la izquierda” en el discurso pero con una absoluta falta de credibilidad. Mientras, el PP espera con impaciencia que pasen los meses para volver al Gobierno y aplicar aun con mayor dureza la política de recortes sociales iniciada por el PSOE.
Las elecciones van a desarrollarse bajo una Ley Electoral escandalosamente antidemocrática. Pero hay otro gravísimo recorte democrático fabricado por el PSOE y el PP, con el apoyo de CiU y el PNV que ha pasado inadvertido durante estos meses. Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ( LOREG), aprobada mediante Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero por la que, entre otros cambios menores, se introduce la obligación para todos los partidos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria de recoger el 0,1% de las firmas de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar. Todo el procedimiento se agrava porque, según la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC), no se puede proceder a la recogida de firmas antes de que se inicie el proceso electoral y estas deben estar convenientemente acreditadas ante un Notario o fedatario público. Es decir, una candidatura que se quisiera presentar en las 51 circunscripciones del Estado español debería recoger más de 35.000 firmas, convenientemente ponderadas por provincia y acreditadas con la copia del DNI, y presentarlas en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre, fecha oficial de convocatoria de las elecciones, y el 17 de octubre, plazo límite para la presentación de candidaturas ante la JEC. 
Para organizaciones con medios materiales modestos la barrera se antoja infranqueable. En realidad, esta medida busca excluir de la participación electoral a un sector significativo de la ciudadanía que no se identifica con los actuales partidos parlamentarios, bloqueando así la aparición de nuevas alternativas y nuevas formas de hacer política frente a los aparatos profesionales que controlan el Parlamento. Cuando el movimiento del 15-M pide una reforma en un sentido más proporcional de la Ley Electoral, los partidos mayoritarios, en la práctica, añaden nuevos e intolerables recortes del derecho de participación política. Lamentamos que Izquierda Unida, pese a votar en contra de la reforma de la Ley Electoral, no haya denunciado públicamente esta medida regresiva, alertando a la ciudadanía sobre este nuevo atropello antidemocrático.Izquierda Anticapitalista va a promover una campaña para exigir la revocación de esta “reforma” que agrava sustancialmente el carácter antidemocrático del sistema electoral español, introduciendo un “derecho de admisión” en beneficio, especialmente, de los partidos que desde la Transición se reparten el gobierno del país, con las consecuencias que conocemos y sufrimos. Hay que intentar, al menos, ponérselo difícil.
Comunicado de Izquierda Anticapitlista
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