
CONTRA LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la pasada semana la Reforma de la Negociación Colectiva. Esta Reforma, junto con el Nuevo Reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE`s) aprobado días antes por el Gobierno, son un paso más en la escalada de ataques continuados que el gobierno, la patronal y la complicidad del sindicalismo institucional, están cometiendo contra los derechos del conjunto de la clase trabajadora.
El Nuevo Reglamento de los ERE's aprobado significa un nuevo recorte de derechos, una nueva facilitación para el despido libre y gratuito por parte de la Patronal. Esta norma es la aplicación más retrograda de la Reforma Laboral, contra la que se convocó Huelga General en todo el estado para su derogación el pasado 29 de septiembre de 2010, y movilizaciones y Huelgas Generales en Catalunya, Euskadi y Galicia el 27 de Enero de 2011.
Por su parte, la Reforma de la Negociación Colectiva, marca unas nuevas reglas de juego para regular las relaciones laborales, llegando prácticamente a la eliminación de la negociación colectiva al imponer un arbitraje obligatorio, vaciando de contenidos los Convenios Colectivos, permitiendo el descuelgue salarial y buscando la desaparición de los sindicatos alternativos, consagrando al sindicalismo institucional como representante con legitimidad de las y los trabajadores para que las cúpulas sindicales y de la patronal puedan negociar al margen de los intereses y derechos de la clase trabajadora. Con esta Reforma se aprueba a niveles prácticos la eliminación del derecho a la libertad sindical.
Con esta reforma de la Negociación Colectiva se cambian las reglas de juego para que los y las trabajadoras seamos meras mercancías disponibles en función de la demanda, de la competitividad de las empresas y de los beneficios de la patronal. Se debilita, el poder sindical directo para negociar sus condiciones y relaciones laborales. Se secuestra, de hecho, el ejercicio del derecho a la huelga, lo que representa una política autoritaria, posiblemente inconstitucional, al invalidar y vulnerar el derecho fundamental a la Huelga ante el conflicto de intereses entre el capital y el trabajo.

Para nosotros, el único camino posible para la salida de la crisis es el reparto del trabajo, trabajando menos para trabajar todos, reduciendo la jornada laboral sin merma salarial y estableciendo la jubilación a los 60 años con relevo obligatorio para que seamos reemplazados por otra persona. También el reparto de la riqueza, realizando un distribución basada en la universalidad de los servicios públicos suficientes, imponiendo una mayor tributación de los beneficios empresariales, estableciendo una fiscalidad realmente progresiva, manteniendo las prestaciones sociales para todos y especialmente para los colectivos sociales precarizados y excluidos.
¡Contra las reformas antisociales, hacemos un llamamiento a la movilización y ocupación de la calle, hasta conseguir una salida social a la crisis!
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