Si no queremos volver al franquismo... ¡Hay que parar la LOMCE!

Como decíamos no hace mucho La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que el ministro Wert y el gobierno pretenden aprobar representa un ataque brutal contra el sistema de enseñanza pública del Estado español y un intento manifiesto de hacerlo retroceder en muchos aspectos a la misma época franquista.

El objetivo principal de la LOMCE es modificar aquellos aspectos del sistema educativo actual que no se corresponden con las necesidades del mercado, ávido de trabajadores de baja cualificación. La LOMCE segrega al alumnado desde edades tempranas, estableciendo rutas diferenciadas; impone pruebas de evaluación externa para que la administración controle de manera directa los contenidos impartidos; degrada la democracia en los centros al eliminar importantes competencias de los consejos escolares y atribuirlas a directores en manos de la administración; profundiza en la eliminación de los derechos del profesorado; y devalúa los contenidos académicos. Además, ahora, tras las modificaciones introducidas en el segundo borrador del proyecto, la LOMCE se convierte en un arma de “españolización” del sistema educativo, al marginar las lenguas propias de las naciones que componen el Estado español; y de vuelta al “nacional-catolicismo”, al imponer la Religión como materia de pleno derecho.

La LOMCE, por todo lo que supone, ha sido muy criticada y combatida desde que se conoció el proyecto de ley. A pesar de que, en un principio, la posición de Wert era totalmente intransigente y su objetivo era aprobar la ley antes de que finalizase el presente año, tanto las protestas directas contra la ley como el mismo ambiente social generado con la huelga general del 14N, le han obligado a desacelerar un poco los ritmos. Incluso ha tenido que proponer modificaciones en relación a los contenidos académicos, reintroduciendo por la puerta falsa materias previamente eliminadas o seriamente devaluadas y descargando sobre comunidades autónomas y centros la responsabilidad de qué trato dar a aquellas materias que su arcaica visión de la educación no considera “instrumentales” o “troncales”.

Pero este retroceso parcial ha venido acompañado de nuevos ataques por otros flancos, el primero de ellos el de las lenguas nacionales, que el nuevo borrador margina, hasta dejarlas en una situación que, de plasmarse, podría dar al traste con décadas de esfuerzos en aras de su conocimiento por parte de toda la población. Tal intento ya ha dado lugar a una fuerte reacción de protesta en Catalunya y en Euskadi y parece extremadamente improbable que, en semejantes términos, la ley pueda ser finalmente aprobada.

En segundo lugar, el hecho de convertir la Religión en materia evaluable, y válida para las medias de notas, supone un importante retroceso más que quiere imponer la ley. Por si esto no fuera suficiente la materia paralela a la Religión, tras la desaparición de Educación para la Ciudadanía, se endurece y queda transformada en una reminiscencia de la “Educación para el Espíritu Nacional” franquista. En conjunto, vista la agresión a las lenguas propias y el trato dado a la Religión, todo parece una vuelta de la enseñanza al “nacional-catolicismo” más rancio.

Tal giro ha tenido lugar después de la negociación de Wert, hasta ahora secreta, con la jerarquía católica de la Conferencia Episcopal, que está presentando esta ley como lo que realmente es, una gran victoria por su parte. Además de con los obispos el único sector con el que el impresentable ministro ha tenido interés en dialogar ha sido con la patronal de la enseñanza privada para blindar los conciertos y hacerlos extensivos a centros privados de criterios más demoledores

Pero no hay que olvidar que además de agredir a las lenguas nacionales y de reinstaurar la confesionalidad católica en la escuela, el proyecto de ley sigue contemplando, sin que se haya modificado nada al respecto, cuestiones como la segregación del alumnado, las evaluaciones externas, la degradación de la democracia en los centros, la pérdida de derechos del profesorado, el sexismo, etc. A este respecto hay que decir alto y claro que si bien es importante frenar aquellos aspectos que atacan los derechos lingüísticos y de laicidad, también es preciso hacerlo con el conjunto del contenido de la ley.

Y si por si todo lo dicho hasta aquí no fuera suficiente el ministro se encarga de recordar, aunque en el redactado de la ley no aparezca de manera clara, la intención de establecer un “ranking” de centros cuyo resultado inmediato va a ser facilitar el desvío de fondos públicos hacia la enseñanza privada concertada con la excusa de su mejor situación en el escalafón competitivo establecido.

La comunidad educativa y la clase trabajadora se juegan mucho con esta ley y es preciso intentar frenarla a toda costa. Seguramente esto es posible pero requerirá de una acción intensa y coordinada durante las próximas semanas y meses. La convocatoria de la Plataforma Estatal en Defensa de la Enseñanza Pública de Jornada de Lucha Estatal para el próximo jueves 13 de diciembre es un primer paso en este sentido, pero deberá ir seguido de otros en la misma dirección y, sobre todo, de un plan de lucha en el sector educativo que evite la improvisación y la descoordinación que muchas veces hemos padecido. IA dará su apoyo a la convocatoria del 13D y a todas aquellas que se produzcan en los diferentes territorios en defensa de la enseñanza pública y contra la LOMCE.

Declaración Comisión Educación Izquierda Anticapitalista

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