La educación pública española celebra la primera huelga general en la historia del país. El 9 de mayo, toda la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) de todos los niveles mostrará su rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno.El 10 se prevé que se apruebe en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOMCE), propuesta por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Ante los cambios propuestos por dicha ley y los recortes educativos que se están produciendo en el país, la comunidad educativa, una vez más, ha decidido defender la escuela pública. En esta ocasión, la huelga se extiende desde infantil hasta las universidades, implicando a cerca de 5,5 millones de alumnos y 500.000 profesores de la enseñanza no universitaria, así como a 1.400.000 universitarios y 100.000 profesores e investigadores de enseñanza superior, además de al personal administrativo y de servicios.
A lo largo de toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde, se prevén manifestaciones en más de 50 localidades españolas. Por su parte, CC.OO. también ha convocado huelga en la enseñanza concertada.
Desde inicio de curso millones de jóvenes han demostrado un profundo rechazo a la contrarreforma educativa (LOMCE) impulsada por el gobierno del PP que pretende devolver a la escuela de los años 50. Los jóvenes han participando masivamente en las dos semanas de lucha convocadas por el Sindicato de Estudiantes en el mes de octubre y febrero, oponiéndonos con fuerza a una ley que rescata las reválidas franquistas (tres selectividades desde la ESO hasta la universidad), que impone itinerarios segregadores y clasistas para expulsar prematuramente a los jóvenes con mayores dificultades de los centros de estudio y obliga en la práctica a los hijos de los trabajadores a coger las opciones más devaluadas y con mayor masificación. Una contrarreforma que aumenta los privilegios de la Iglesia Católica y su control sobre la enseñanza, que supone reintroducir la asignatura de religión de manera prácticamente obligatoria, y que sanciona el despido de más de 60.000 profesores del sistema educativo público y un recorte presupuestario de 5.000 millones de euros. Una ley, en definitiva, que destruye los derecho a una enseñanza pública, gratuita, de calidad, laica y democrática.
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