El 1 de setiembre entra en vigor el decreto por el cual, entere otra cosas, las personas inmigrantes en situación “irregular” no tendrán derecho a la sanidad. Una medida que expulsa directamente a una parte de la población de la cobertura sanitaria en el Estado español.
Esta medida del gobierno central tiene poco que ver con la sanidad –mayoritariamente competencia autonómica- y nada que ver con ningún supuesto ahorro económico. Responde, lisa y llanamente, a una opción ideológica y al mismo tiempo pragmática que busca echar la culpa de los recortes a uno de los sectores más vulnerables, eludiendo su propia responsabilidad, y dividir y debilitar la resistencia.
Esto facilita que la clásica consigna de la ultraderecha, “primero los de aquí”, vaya legitimándose y calando entre segmentos de la población autóctona.
La medida en sí ha sido contestada desde distintas comunidades como Navarra, Euskadi, Catalunya o Castilla-León (gobernada por el mismo PP). Sin embargo, no plantean ningún tipo de “desobediencia” al Decreto, sino alternativas, no siempre muy claras, a través de otras vías, como los servicios sociales en el caso de Navarra.
Varios colectivos de personal sanitario han llamado a la insumisión a este ataque al derecho a la atención médica universal recogida por la Declaración de los Derechos Humanos y asumido por el juramento hipocrático. No obstante, una atención fuera del horario normal y sin contar con las instalaciones y recursos necesarios queda muy corta.
Valoramos la solidaridad expresada, pero el voluntarismo de algunas personas no resultará suficiente y, además, no podemos aceptar que se cruce esta línea roja que decreta la expulsión formal de la sanidad a un colectivo determinado de personas. El traspaso de la responsabilidad a ONGs, aunque sea con apoyo económico, no es en absoluto aceptable. Y pedir más de 700 euros anuales a gente que a duras penas tiene lo mínimo para sobrevivir no solo es profundamente injusto, sino totalmente irrealista. A la expulsión citada del conjunto de personas extranjeras en situación irregular cabe añadir que, aunque las mujeres “sin papeles” embarazadas previsiblemente tendrán acceso a la atención sanitaria en caso de decidir llevar adelante su embarazo, no tendrán esta opción en caso de que decidan interrumpirlo, con lo cual no solo verán vulnerados sus derechos en tantos que personas en una situación administrativa determinada sino también en tanto que mujeres que no podrán decidir sobre su propio cuerpo. La negación a estas mujeres del acceso a la sanidad pública se inserta en un renovado ataque de la derecha en el poder contra la autonomía y la libertad del conjunto de las mujeres de decidir sobre sus vidas y muestra que, en tiempos de crisis, la profundización tanto de la xenofobia como del machismo está a la orden del día.
La sanidad es un derecho universal y los derechos están por encima de cualquier ley o decreto. No hay “argumento” económico que valga, aunque conviene señalar que admitir la atención solo en urgencias es caro, poco eficaz y podría provocar un colapso del servicio que acabaría afectando a todo el sistema y a todos sus usuarios y usuarias.
Profundizando un poco más en este tema, nos topamos con la Ley de Extranjería. De por sí discriminatoria, porque se aplica casi exclusivamente a una parte de la población, las personas extranjeras, especialmente las que vienen al Estado Español en busca de empleo, es ella la que “crea”, con sus trampas y sus trabas, “sin papeles” y restringe los derechos de una parte substancial de la clase trabajadora.
Más allá de la derogación del Decreto, para lo cual nos comprometemos a promover y participar en movilizaciones unitarias lo más amplias posibles, hay que apuntar a la derogación de esta ley.
¡Ninguna persona es ilegal! ¡No al apartheid sanitario!
Declaración de Izquierda Anticapitalista
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